Derecho a la intimidad constitucion española

Derecho a la intimidad constitucion española

Constitución española 1978 cataluña

La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.
Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los “padres de la Constitución”. Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).
El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda (“color de soldadura”) por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

Constitución española de 1812

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de sus condiciones personales, sociales, económicas, etc. Así, la Constitución Española de 1978 habla de la existencia de “derechos inviolables que son inherentes” a las personas (artículo 10, uno de los preceptos más importantes de la Constitución). Los derechos humanos se basan en la dignidad de la persona que, junto con el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, constituye el fundamento del orden político y de la paz social de que se ha dotado España según su Constitución.
Entre los fundamentos de este orden político constitucionalmente establecido se encuentran estos derechos individuales, que son derechos inviolables y se entienden como los mínimos imprescindibles para el reconocimiento de la dignidad humana. Los derechos humanos aseguran un ámbito de autonomía y autodeterminación equivalente al reconocimiento de una esfera propia del individuo, que no debe ser invadida por instancias ajenas a él y que debe ser respetada por los poderes del Estado.

Constitución española de 1876

En noviembre, España aprobó una polémica ley de protección de datos para facilitar el cumplimiento de la legislación española con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. Aunque la ley española pretendía aportar claridad a la aplicación de los principios del RGPD, su texto y su posible aplicación en el mundo real han provocado la preocupación de que se desvíe del efecto previsto por el RGPD.
Los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección de datos tanto en virtud de la Constitución de España en su artículo 18.4 como del artículo 8 de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Sin embargo, tanto la Constitución española como la Carta adoptan una vía y un enfoque textual diferentes del derecho fundamental a la protección de datos. El artículo 18.4 de la Constitución de España confiere un derecho negativo, mientras que el artículo 8 de la Carta de Derechos de la Unión Europea confiere un derecho positivo. Leído estrictamente, el artículo 8 de la Carta de la Unión Europea separó el derecho a la protección de datos del derecho a la intimidad, allanando el camino para la adopción del RGPD. Este reglamento otorga a todos los ciudadanos europeos, incluidos los españoles, el derecho al olvido, el derecho a la portabilidad de los datos y el derecho a resistirse a la elaboración de perfiles. La aplicación española del RGPD es diferente. Podría permitir la recopilación de perfiles políticos. Esta enorme excepción puede tener implicaciones de gran alcance en el derecho constitucional de España a la protección de datos, así como para la UE en su conjunto.

Constitución española de 1931

El derecho a la intimidad -el derecho a estar solo, como lo definió en su día el juez Louis Brandeis- es fundamental para nuestra comprensión de la libertad, pero la Constitución no lo menciona en ninguna parte. Cuando el Congreso presentó la Carta de Derechos al pueblo para su ratificación en 1789, la privacidad no figuraba como una libertad que requiriera protección del gobierno. Sin embargo, hoy es difícil imaginar la sociedad estadounidense sin este derecho. ¿Cómo se convirtió la privacidad en una libertad esencial?
Para los hombres y mujeres del siglo XVIII, la privacidad significaba el derecho a estar seguro en el propio hogar, a salvo de los poderes del gobierno. La frase del derecho consuetudinario, “El hogar de un hombre es su castillo”, expresaba esta idea. Todos los ingleses, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, creían que “el hombre más pobre puede desafiar en su casa a todas las fuerzas de la corona”, como dijo Sir William Pitt, antiguo primer ministro británico, en 1763. Esta definición de la privacidad llegó a la Carta de Derechos de Estados Unidos, aunque de forma indirecta, en dos enmiendas distintas. La Tercera Enmienda impedía al gobierno alojar a los soldados en casas particulares; esta enmienda reafirmaba la práctica inglesa expresada en la Petición de Derecho (1628). La Cuarta Enmienda protegía a los propietarios de viviendas de los registros, salvo por causa probable y sólo entonces con una orden judicial debidamente aprobada. Estas garantías eran importantes, pero nadie entendía que incluyeran el derecho a ser dejado en paz, sino que significaban la protección contra la arbitrariedad del gobierno.