Constitucion de las cortes

artículo 3 de la constitución

Antes de la redacción de la Constitución existía un sistema de tribunales estatales. Hubo una considerable controversia entre los delegados de la Convención Constitucional sobre si era necesario un sistema judicial federal y si éste debía suplantar a los tribunales estatales. Al igual que en otros asuntos debatidos, los delegados llegaron a un compromiso en el que los tribunales estatales continuaban con su jurisdicción mientras que la Constitución establecía un poder judicial federal con poderes limitados. El artículo III de la Constitución establece la base del sistema judicial federal: «El poder judicial de los Estados Unidos recaerá en un solo Tribunal Supremo, y en los tribunales inferiores que el Congreso pueda ordenar y establecer ocasionalmente».
Con esta guía, el primer Congreso dividió la nación en distritos y creó tribunales federales para cada distrito. A partir de ese comienzo ha evolucionado la estructura actual: el Tribunal Supremo, 13 tribunales de apelación, 94 tribunales de distrito y dos tribunales de jurisdicción especial. En la actualidad, el Congreso conserva la facultad de crear y suprimir tribunales federales, así como de determinar el número de jueces del sistema judicial federal. Sin embargo, no puede abolir el Tribunal Supremo.

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Los tribunales constitucionales se establecen de acuerdo con el artículo III de la Constitución, que dice: «El Poder Judicial de los Estados Unidos recae en un solo Tribunal Supremo, y en los Tribunales inferiores que el Congreso ordene y establezca ocasionalmente». Estos tribunales sólo tienen los poderes especificados en el Artículo III. Sólo pueden conocer de casos o controversias; sus jueces son vitalicios, siempre que no sean culpables de mala conducta judicial; y el salario de sus jueces no puede reducirse mientras estén en funciones.
El Tribunal Supremo, los tribunales de apelación de Estados Unidos (incluido el Tribunal de Apelación del Circuito Federal), los tribunales de distrito de Estados Unidos y el Tribunal de Comercio Internacional son tribunales constitucionales o del artículo III.
Los tribunales legislativos se conocen como tribunales del Artículo I porque se crean en virtud de la autoridad otorgada al Congreso en el Artículo I, Sección 8, Cláusula 9, de la Constitución. Esa sección faculta al Congreso a «constituir Tribunales inferiores al Tribunal Supremo». No existen restricciones en cuanto al tipo de tribunal que debe crearse. Dichos tribunales pueden poseer cualquier jurisdicción que el Congreso considere apropiada. Los jueces pueden ser nombrados por períodos específicos de años, y los salarios pueden ser ajustados en respuesta a los cambios de la economía.

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Un tribunal constitucional es un alto tribunal que se ocupa principalmente del derecho constitucional. Su principal autoridad es dictaminar si las leyes que se impugnan son de hecho inconstitucionales, es decir, si entran en conflicto con las normas, derechos y libertades establecidos constitucionalmente, entre otras cosas.
En 1919, la Primera República Austriaca estableció el primer tribunal constitucional especializado, el Tribunal Constitucional de Austria, que sin embargo sólo existió de nombre hasta el 10 de octubre de 1920, cuando entró en vigor la nueva Constitución del país, a partir de la cual el tribunal adquirió la facultad de revisar las leyes de los estados federales de Austria[1] La Constitución checoslovaca de 1920, que entró en vigor el 2 de febrero de 1920, fue la primera en prever un tribunal especializado para la revisión judicial de las leyes parlamentarias, pero el tribunal no se reunió hasta noviembre de 1921. La organización y las competencias de ambos tribunales estaban influenciadas por las teorías constitucionales de Hans Kelsen[2]. Posteriormente, esta idea de tener un tribunal constitucional especial separado que sólo conociera de los casos relativos a la constitucionalidad de los actos del poder legislativo nacional se conoció como el Sistema Austriaco, y fue adoptado posteriormente por muchos otros países, por ejemplo, Liechtenstein (1925), Grecia (1927), España (1931), Irlanda (1937), etc.

resumen del artículo 3 de la constitución

El artículo III de la Constitución, que establece el Poder Judicial, deja al Congreso una importante discreción para determinar la forma y la estructura del poder judicial federal. Incluso el número de Jueces del Tribunal Supremo se deja en manos del Congreso: en ocasiones ha habido hasta seis, mientras que el número actual (nueve, con un Presidente del Tribunal Supremo y ocho Jueces Asociados) sólo existe desde 1869. La Constitución también otorga al Congreso la facultad de establecer tribunales inferiores al Tribunal Supremo, y con ese fin el Congreso ha establecido los tribunales de distrito de los Estados Unidos, que juzgan la mayoría de los casos federales, y 13 tribunales de apelación de los Estados Unidos, que revisan los casos de los tribunales de distrito apelados.
Los jueces federales sólo pueden ser destituidos mediante un juicio político en la Cámara de Representantes y una condena en el Senado. Los jueces y magistrados no tienen un mandato fijo, sino que ejercen sus funciones hasta su muerte, su jubilación o su condena por el Senado. Esto los aísla de las pasiones temporales del público y les permite aplicar la ley teniendo en cuenta únicamente la justicia, y no las preocupaciones electorales o políticas.